El autor reflexiona sobre los hechos ocurridos ayer por la noche en Tucumán. El debate sobre el rol de las fuerzas de seguridad en democracia.
Por Esteban Rodríguez Alzueta*
Estamos todavía muy cerca de los acontecimientos que tuvieron lugar ayer en Tucumán para sacar conclusiones, saber cuánta apuesta desestabilizadora tuvieron los acontecimientos, averiguar si determinados grupos enfrentados al gobierno desde hace varios años aprovecharon la confusión para pasarle facturas al gobernador. Esto no es lo que cuenta y tampoco lo que nos interesa destacar acá. Queremos detenernos en las imágenes del lunes a la noche en la Plaza Independencia frente a una casa de gobierno custodiada por la Policía tucumana. La escena es conocida: los policías rodean un edificio público hasta que llega el grupo de infantería. Y ya se sabe, infante significa el que no habla. Ese cuerpo de policía no andará con rodeos, se cubre, apunta y abre fuego usando gases y balas de goma sobre una multitud cada vez más indignada y con razones suficientes.
José Alperovich negó esta mañana que él haya dado la orden de reprimir. “Estoy totalmente en desacuerdo con la represión”, expresó en conferencia de prensa el Gobernador, quien aseguró que “nosotros hemos sido muy tolerantes con que la gente se exprese libremente”. Tiene razón, el problema no es la manzana sino el canasto que las contiene. Un canasto que, sin embargo, nunca fue puesto en crisis durante su gestión. No sólo porque la reforma policial es otra tarea pendiente sino porque, como casi todos los gobernadores del país, pactó con la policía su autonomía a cambio de tranquilidad. Ahora bien, siendo gobernador, no nos parece una respuesta plausible que lo exima de responsabilidad. Más aún cuando la policía tucumana es objeto de denuncias sistemáticas por su prepotencia, maltrato y destrato de los que son objetos los jóvenes de las periferias.
En segundo lugar, los acontecimientos de anoche son la mejor prueba de que el policía, librado a su libre arbitrio, expuesto al temperamento del jefe de turno, puede convertirse en un mono con navaja. Sí, nunca pasa nada, y acá no hubo que lamentar víctimas fatales. Pero hubo unos cuantos heridos, y las imágenes nos retrotraen al 2001.
Los funcionarios no terminan de entender que la policía no está para cuidarles las espaldas sino para garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos. En eso consiste el cambio de paradigma militado desde la Nación por la ex Ministra Nilda Garre: el pasaje de la seguridad pública a la seguridad ciudadana y democrática, es el pasaje de la seguridad del estado a la seguridad de la sociedad, de una policía cuyo objetivo es resguardar el orden público a otra policía cuya finalidad es garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de las personas. Y entre los derechos en cuestión, que acá había que proteger, estaba el derecho a la libertad de expresión, el derecho a peticionar a las autoridades, a desplazarse y reunirse entre otros. Derechos, todos, vulnerados por la policía de la provincia.
Más allá de que los manifestantes tengan razón, las minorías deben ser protegidas para manifestar su punto de vista diferente sobre la realidad. En eso consiste la democracia: la posibilidad de dar cuenta de los desacuerdos. La democracia no es la fatalidad de decir sí, sino la oportunidad de decir no.
Acaso por todo eso, el gobierno nacional, en su momento, promovió la protocolización de la actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicas, invitando a los gobernadores a adherir a dicho instrumento. Con una historia como la nuestra, la policía no podía quedar librada a sus íntimas convicciones, más aún cuando esas convicciones suelen contar con el consentimiento de importantes sectores de la sociedad civil y sus dirigentes. He aquí algunos de los parámetros construidos colectivamente entre organismos de derechos humanos, movimientos sociales y el gobierno durante las gestiones de Masquelet y Garré, criterios, dicho sea de paso que, a juzgar por las últimas actuaciones de la Gendarmería, fueron ignorados y desandados durante la gestión de Sergio Berni. Algunos de los criterios que no se tuvieron en cuenta este lunes nos dicen que en cada manifestación se agotarán todos los recursos para garantizar la resolución de los conflictos que no implique daños a la integridad física de las personas, es decir, que la intervención de los cuerpos policiales debe ser progresiva, comenzando por el diálogo; que la negociación no puede estar en manos de quien conduzca el operativo; que cuando las manifestaciones sean con amplia concurrencia o cuando se prevean riesgos potenciales, el poder ejecutivo debe designar un funcionario político responsable de coordinar todas las acciones y hacer cumplir las normas; que la utilización de pistolas lanzagases está prohibida; que las postas de goma sólo podrán ser utilizadas con fines defensivos en caso de peligro para la integridad física de algún miembro del personal interviniente, es decir, que no se puede usar balas de goma para dispersar una manifestación; etc. Algunas provincias adhirieron a los 21 puntos pero no hicieron ninguna modificación de sus prácticas internas, como Tucumán. Otras, como la provincia de Buenos Aires, nunca adhirieron.
Pero hay más, las imágenes del lunes a la noche en Plaza Independencia son una prueba elocuente de las consecuencias de años de desgobierno de las policías. Cuando la conducción se delega en las propias fuerzas de seguridad, tarde o temprano los gobernantes se convierten en sus rehenes. Le pasó a Duhalde, a Ruckauf, Bonfatti y ahora le llega el turno a Alperovich.
*Docente e investigador de la UNQ. Autor de “Temor y control. La gestión de la inseguridad como forma de gobierno.” Miembro de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional
Tomado de Agencia Paco Urondo