El negocio de Vidal con las eléctricas bonaerenses
El vertiginoso aumento de las tarifas de los servicios públicos pone en crisis el entramado productivo y la economía de los hogares bonaerenses. Entre diciembre de 2015 y marzo de 2018 las tarifas residenciales de Edenor y Edesur aumentaron en promedio un 1600%, en tanto que los aumentos de las distribuidoras bajo jurisdicción provincial (EDES, EDEN, EDEA Y EDELAP) oscilan entre 600% y 900%. Para mitigar el daño generado, el presidente Macri y sus aliados proponen pagar la tarifa en cuotas y la gobernadora María Eugenia Vidal plantea disminuir la carga tributaria sobre las tarifas finales de los usuarios. Estas aparentes soluciones descargan sobre los bolsillos de los usuarios la garantía de la rentabilidad de las empresas. El Presidente propone financiar el pago de tarifas en cuotas y con un alto interés y la mandataria provincial eliminar impuestos, al tiempo que endeudó a la provincia en 4.500 millones de dólares para financiar el déficit de su administración.
La programación tarifaria para el sector eléctrico que acordaron las empresas distribuidoras de la provincia y el gobierno local, se suma al ajuste de subsidios del precio mayorista de la energía, establecido desde el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, y a los aumentos otorgados a las transportistas.
La Revisión Tarifaria Integral (RTI) para las empresas de la provincia de Buenos Aires se realizó en 2016, y estableció un horizonte de cinco años para el ajuste tarifario, las inversiones, la calidad del servicio y la atención a los usuarios. Las tareas fueron realizadas por un Comité de Ejecución del Proceso de Revisión Tarifaria Integral (CERTI), integrado por funcionarios del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, y funcionarios del Organismo de Control de la Energía Eléctrica (OCEBA). La falta de difusión sobre los aspectos técnicos de la revisión imposibilita conocer, por ejemplo, la metodología y el cálculo de la rentabilidad otorgada a las empresas, el horizonte de incremento del Valor Agregado de Distribución, y la existencia o no de una cláusula de ajuste inflacionario. También sería interesante conocer el destino de los fondos percibidos por las distribuidoras en concepto de “recupero tarifario”, a cuenta del aumento no retribuido por los amparos presentados en la justicia. Sobre todo teniendo en cuenta que durante ese período las empresas prestatarias dejaron de abonar a CAMMESA (es la compañía que, bajo control estatal, administra el mercado eléctrico mayorista) la energía suministrada.
En la actualidad, todas las empresas distribuidoras de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires se encuentran controladas por un mismo grupo económico. Durante los últimos dos años, Desarrolladora Energética S.A. (DESA), controlada por Rogelio Pagano, desembolsó en dos operaciones casi simultáneas cerca de 450 millones de dólares para quedarse, en noviembre de 2016, con las distribuidoras EDES (sur de la provincia de Buenos Aires) y EDEN (norte y centro), y en una segunda instancia, en marzo de 2017, con EDEA (Mar del Plata) y EDELAP (La Plata). Ambas operaciones se realizaron en paralelo al proceso de revisión tarifaria, y las mismas fueron aprobadas por la Comisión Nacional de Defensa de la competencia (CNDC). La falta de colaboración del ENRE y el OCEBA con el análisis de las operaciones quedó en evidencia en los dictámenes correspondientes de la CNDC. En un hecho sin precedentes, en el último dictamen, referido a la compra de EDEA y EDELAP, queda expuesta la negativa de las autoridades del Organismo de Control a colaborar dado que consideran no tener competencia en el tema, señalando al Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Roberto Gigante, como la autoridad competente. El marco regulatorio eléctrico de la provincia otorga amplias facultades al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, ninguna de ellas señala que debe reemplazar las funciones del regulador.
A pesar de la falta de colaboración, no es necesario el asesoramiento de los organismos reguladores para destacar que la concentración de las cuatro distribuidoras provinciales en manos de un mismo grupo económico redunda en una flagrante violación de la normativa vigente. Sin embargo la CNDC recomendó al Secretario de Comercio de la Nación aprobar ambas operaciones. Su flamante presidente, Esteban Manuel Greco, es un conocido consultor de empresas del sector energético. En los dictámenes sobre las compras de DESA, este consultor insiste en la utilización de técnicas de benchmarking para subsanar la potencial lesión a la competencia ocasionada por dichas operaciones. Casualmente, el benchmarking es uno de los servicios que ofrece la consultora de la que fue socio hasta 2015, año en que asumió como presidente de la CNDC.
En 2017 se cumplió el primer ejercicio económico de DESA como grupo consolidado. Con una participación parcial de EDELAP y EDEA, DESA obtuvo ingresos por 8.880 millones de pesos, y ganancias por 773 millones de pesos. Al igual que otros conglomerados del sector, el grupo registra una importante actividad financiera producto de la cual en 2017 presenta costos financieros por 1.667 millones de pesos. En buena medida, la actividad financiera del grupo se explica por el nivel de endeudamiento que registra.
En mayo de 2016, en el marco de su estrategia de expansión, DESA tomó un préstamo a 18 meses con UBS Securities LLC, para financiar la compra de EDES y EDEN. El total del préstamo fue de U$S 124 millones, al 13% anual. A su vez, en julio de 2017 DESA obtuvo un préstamo por 475 millones de dólares por parte de un consorcio de bancos extranjeros, a un interés de 9,5% anual, y por un plazo de tres años. Según declara la empresa en su balance 2017, dichos fondos fueron utilizados para cancelar el préstamo con UBS Securities LLC, y para adquirir participaciones minoritarias en distintas sociedades controladas por el grupo.
Llamativamente, otro importante acreedor del grupo es la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista, CAMMESA, la cual está controlada por el Estado nacional. Al 31 de diciembre de 2017, DESA le debía a CAMMESA 7.081 millones de pesos. Con mejor suerte que con la banca extranjera, DESA obtuvo inmejorables ventajas para la refinanciación de su deuda con el Estado. Del total de los fondos, el grupo logró refinanciar 3.624 millones en 90 cuotas con un interés de 10% anual; y 1992 millones, en 20 cuotas sin interés. Si bien con la deuda restante aún no llegaron a ningún acuerdo, resulta evidente que el plan de pagos ofrecido por las autoridades de la empresa administradora del mercado eléctrico, representa un subsidio estatal a las inversiones del grupo DESA en el sector energético de la provincia de Buenos Aires. CAMMESA dejó de subsidiar el precio de la energía para subsidiar la expansión y las ganancias de los grupos económicos.
La precariedad regulatoria, o más bien la regulación funcional de los organismos nacionales y provinciales que intervienen en el sector energético, apunta a fijar las condiciones para que la distribución eléctrica en la provincia de Buenos Aires deje de ser un servicio público y pase a ser un negocio cautivo para las empresas. Los organismos de control actúan, al compás del Poder Ejecutivo nacional y provincial, como garantes de la transferencia de ingresos desde los hogares bonaerenses y los distintos sectores de la economía a las empresas de energía, al tiempo que garantizan y subsidian la concentración de las empresas del sector en un puñado de grupos económicos, erosionando notablemente el interés general.