Declaración del Rectorado y el Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone.
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La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), desde el Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone, repudia las reiteradas violaciones a la autonomía universitaria cometidas por las fuerzas de seguridad durante el presente año.
El campo académico no ha sido la excepción y, a pesar de la cobertura jurídico-administrativa y del consenso social del que goza la universidad pública, ha resultado también víctima del accionar de fuerzas de seguridad que, amparadas en la tácita aprobación de los órganos políticos que las rigen, han irrumpido reiteradamente en su ámbito sin ningún tipo de autorización judicial. Tales irrupciones, realizadas además con intolerable violencia, violan deliberadamente el principio de autonomía universitaria consagrado por la ley 24.521 de Educación Superior (artículo N° 31 “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”).
Al día de hoy fueron víctimas la Universidad de Jujuy (13 de abril de 2017), la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (12 de mayo de 2017), la Universidad Nacional de San Juan (30 de mayo de 2017), la Universidad Nacional de Mar del Plata (6 de junio de 2017), la Universidad Nacional de Salta (8 de Junio de 2017), la Universidad Nacional de Rosario (3 de octubre de 2017) y la Universidad Nacional del Comahue (9 de diciembre de 2017).
Tales violaciones a la Ley y a los Derechos propios de la Universidad se dan en el marco de políticas neoliberales que, no solo promueven y amparan fuertes limitaciones y retrocesos en el goce de históricos logros alcanzados en el campo de los derechos de los ciudadanos, sino que ponen en cuestión el concepto de derecho, que se pretende reemplazar por el de “beneficio” y el de ciudadanía, que se pretende reemplazar por el de “cliente”.
Repudiamos enérgicamente lo acontecido a lo largo de este año y señalamos a toda la ciudadanía y a sus representantes parlamentarios, que están en juego las garantías constitucionales propias de un estado de derecho y el lugar que ocupa la universidad a la hora de defender de forma irrestricta las capacidades para la acción ciudadana bajo el anclaje ético-normativo que nos ofrecen los derechos humanos.
Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone
Universidad Nacional de Quilmes