Revista Nº 152 (11/2022)
(nacional/economía)
Isaac Grober*
Proceso económico y político responsable del agotamiento de las reservas internacionales. Estrategia implementada para superarla. Consecuencias esperables y las perspectivas para el futuro del país.
Lo previo y el contexto
Cuesta admitir que un país como Argentina, que al tenor de sus recursos fue bendecido por la naturaleza; que desde enero de 2020 acumuló un superávit comercial externo que medido hasta el cierre del año 2021 alcanzó u$s 31.600 millones y que merced a los acuerdos con los acreedores tiene pospuesto los pagos de capital de su exorbitante deuda externa, llegue a la instancia de un casi exhausto nivel de reservas líquidas internacionales bajo control del Banco Central. Es un estado de situación crítico porque puso y pone en riesgo el flujo normal de la actividad productiva, el empleo y la convivencia social.
El asombro se diluye cuando se pone de relieve el contexto económico y político en el que se desenvuelve el acontecer económico nacional. Veamos:
En primer lugar, el predominio del capital concentrado, una oligarquía trasnacionalizada y subordinada al capital financiero mundial, que hace sentir su peso sobre casi todos los rubros claves de la estructura productiva, comercial, de servicios y financiera del país (1); que concentra de forma creciente la riqueza y los ingresos nacionales y opera más propensa a la fuga y transferencia al exterior de sus excedentes que a la inversión y diversificación productiva de sus actividades. (2) Se estima en u$s 100.000 millones el monto de capitales no declarados radicados tan sólo en EE.UU. y un equivalente a un PBI el esparcido por el mundo. Tan sólo durante el gobierno de Macri se detectaron fugas de capital por más de u$s 86.000 millones.
En segundo lugar, una conducción económica, a cargo de Martín Guzmán, respaldada desde el más alto nivel, aferrada al consensualismo, a no confrontar ni imponer límites al poder real, razón por la que instauró una política permisiva en materia de comercio y de pagos al exterior, reforzada por la convicción de que bastaba con el acuerdo con los acreedores externos para reducir significativamente la demanda de divisas y por ende las presiones devaluatorias. Ello también explica el haberse centrado exclusivamente en el ordenamiento y la regulación macroeconómica, la búsqueda de equilibrios, que se tranquilice la economía, construir confianza y certidumbre, se decía, como si con ello bastara para poner en caja la voracidad y aptitud destructiva del poder real.
No se ignoran las perturbaciones de la catastrófica herencia del neoliberalismo macrista, a los que se le agregaron los de la pandemia y la guerra en Europa. Pero estos son los condicionantes que obligaban a asumir con otro rigor y madurez lo que se enfrentaba.
De otro modo no se explica que, en medio de esta realidad, y lo señalamos sólo a título de ejemplo, que en un gobierno que se proclama de raíz nacional y popular se hayan matriculado desde enero de 2020 y hasta junio de este año, 290 aviones privados comprados en el exterior, más yates y autos de alta gama, para no abundar. Que subsista la concesión de puertos privados y la falta de recuperación de la soberanía sobre el circuito hidrográfico Paraguay – Paraná, soporte principal del contrabando; que persista la falta de control sobre el peso, el contenido y el valor real de las exportaciones, más la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, entre otras muchas falencias de fortísima incidencia en la recaudación tributaria y de acceso estatal a las divisas. Que se ha hecho poco y nada para denunciar, sancionar y recuperar los u$s 24.679 millones que compraron las 100 primeras sociedades de una lista más grande, que tampoco tienen cómo justificarlos en sus estados contables, ni los u$s 822,6 millones que lo hicieron 100 personas físicas, todos durante el gobierno de Macri, para ejemplificar sólo con las de mayor envergadura.
Es también un balance de pagos cuyo saldo se vio comprometido por la cancelación de intereses de la deuda pública y deudas del sector privado, muchas de ellas con sus filiales del exterior, sin olvidar el incremento en el precio de las importaciones que, producto de la guerra en Europa, implicaron un mayor desembolso por u$s 5.000 millones.
Llegamos así a un debilitado cuadro de situación económico y político, deterioro que se acentuaba por el accionar del poder real, empeñado en desestabilizar al gobierno y deteriorar su imagen. Aquí subrayamos el uso de los precios como arma de lucha política – la desbocada inflación – la presión sobre el dólar, repercutiendo sobre las expectativas devaluatorias y con ello el ensanche de la brecha cambiaria. Y como es de suponer y computar, el uso y abuso de la mentira mediática.
¿Cómo omitir aquí las movilizaciones para la reducción o eliminación de las retenciones a la exportación agropecuaria y la extorsión practicada con la retención de 14 millones de toneladas de soja almacenadas en las silobolsas, forzando así una devaluación, pese a la importante suba de los precios internacionales?
Es un escenario que dio pie al anticipo de importaciones (sobrestock), al pago anticipado de otras por llegar y hasta al recurso del amparo judicial para sortear las restricciones, luego de que éstas fueron impuestas. Entre enero de 2021 y marzo de 2022 se contabilizaron casi u$s 1.900 millones de importaciones habilitadas por la intervención judicial, que luego algunos cedieron onerosamente a terceros.
Como contraste marcamos que después del período más agudo de la pandemia evolucionó de modo sostenido el crecimiento económico, superando el 10 % en 2021; que hay avances en la inversión, la ocupación de la capacidad instalada y el empleo. Pero también tuvo este signo la preocupante regresividad en la distribución del ingreso, habida cuenta de la baja en los salarios reales, en particular los de los trabajadores no registrados. Bajó el desempleo pero a costa de una mayor proporción en la ocupación de trabajadores precarizados, los no registrados, los que pasaron de ser el 33.3% del total de los asalariados en el último trimestre de 2021, al 37.8 % en el segundo trimestre de 2022. El empleo formal ya no significó en muchos casos un ingreso que garantizara superar el umbral de la pobreza y con mayor razón cuando el poder adquisitivo se mide en término de los precios de los bienes de la canasta alimenticia. De esto da testimonio la suba del índice de indigencia, que al cierre del primer semestre de 2022, trepó al 8.8%, lo que implica un 0.6 % superior al del fin del año 2021 ¡Y qué decir del ingreso de más de 7 millones de integrantes del sector pasivo!
Se conformó así un combo que sumado a las restricciones impuestas por el acuerdo con el FMI, a la falta de unidad del Frente de Todos y a la ausencia o cuanto mucho insuficiente involucramiento de las organizaciones populares en la puja política entablada por la derecha, es lo que explica que se hayan generado las conocidas corridas cambiarias y financieras, las sucesivas renuncias y desplazamiento de ministros y funcionarios y la maduración de un clima político presto al inminente derrocamiento del gobierno. Movida que se logró contener con la asunción de Sergio Massa como ministro de economía, quien sumado a su trayectoria política, hizo valer su vasta conexión y conocimiento del mundo empresarial, en el orden local y mundial.
Objetivo prioritario y estrategia para alcanzarlo
Está fuera de discusión que el acopio de divisas adquirió, a la fecha de la asunción de Sergio Massa, el carácter de desafío económico prioritario dentro del cúmulo de urgencias que se enfrentaban y enfrentan. La disponibilidad de dólares en la Argentina de nuestros días condiciona la resolución de cualquiera de los demás premuras: precios y abastecimiento internos, poder adquisitivo de los ingresos, importaciones, producción y servicios, más aún cuando el país tiene clausurado su acceso al mercado financiero mundial.
Lo aseverado es al margen de la necesidad de divisas para amortizar la deuda, aun cuando ésta, en la parte que pertenece al FMI, tiene condicionada su posibilidad fáctica, económica, política, humanitaria y hasta jurídica, dentro de las condiciones hoy vigentes.
Por otro lado, la necesidad y urgencia de acrecentar las reservas internacionales, no equivale a subestimar el cómo alcanzar este objetivo, porque dependiendo de ese cómo, también se puede poner en juego el rumbo futuro del modelo de país. Por ello, la prioridad objetiva de acumular reservas no debería entrar en contradicción con la necesidad de recuperar el nivel real del salario y el de la capacidad de compra de otros perceptores de ingresos fijos, habida cuenta que la sustentabilidad y perspectivas de la economía argentina, sólo tienen base de apoyo en el mercado interno.
Para la exposición dejamos de lado, por ser más cercanos al cumplimiento de un objetivo relativamente coyuntural, el examen de los recientes regímenes que instrumentaron distintos tipos de cambio (tarjetas, turismo, etc.) para el ingreso y egreso de divisas.
A cumplir con el FMI
Desde el plano oficial, una primera decisión ministerial fue – como principio -, la de ajustar el diseño de la política económica al cumplimiento del acuerdo con el FMI, norma que vía deterioro de la capacidad de compra de las mayorías, comenzando por la de los trabajadores, jubilados y pensionados y en general del gasto público, comprime el consumo y la demanda internas y por ello el producto, las inversiones y por tanto la necesidad de importaciones. Como adición, amplía los excedentes exportables. Saldo: mayor disponibilidad de divisas.
Dan fe de este curso lo dispuesto en torno a la disminución progresiva del déficit fiscal primario (el que excluye intereses) y el de la emisión monetaria. Por eso, por ejemplo, la reducción de los subsidios a las tarifas y la de las transferencias a las provincias. Por eso la norma limitativa al crecimiento de los salarios públicos (subordinados al crecimiento del producto) o que la recomposición salarial sea vía bono, y no para todos, en lugar de suma fija, una porque la mejora sólo vale para una vez y la otra, incorporada al salario, tiene carácter permanente.
El déficit fiscal admitido para el 2022 fue del 2.5% del PBI, ya muy reducido respecto del 4.5 % de del 2021, que pasa al 0.9 % en 2023 y al 0% al año siguiente, en tanto que la asistencia del Bco. Central al Tesoro, la emisión, baja este año al 1% del PBI, desde los 3.4 % en 2021. (3)
Para sopesar la baja en los guarismos de estas variables, tengamos presente que para alcanzar esa reducción del déficit fiscal primario, se lo logra con una menor participación del gasto público nacional en el PBI, que pasa del 20.68 % en 2022, al 19.7 % al año siguiente. Como resumen, el gasto público total del 2023 se reducirá en 2.6% respecto del precedente.
Contribuye también al logro de estos objetivos, el carácter inflacionario intrínseco del acuerdo, ya que impone que la devaluación cambiaria se subordine al ritmo de la variación de los precios y que la tasa de interés que estipula el Banco Central, supere el crecimiento relativo de la devaluación. Inflación es diluir el valor real del gasto. Así, en conjunto, se explica la prevista evolución decreciente del PBI a lo largo de los años El estimado para este año 2022 es de 4-4,5%. El presupuesto presentado para su aprobación al Congreso prevé para 2023 un PBI con un incremento del 2%.
Para parte del oficialismo, si bien reconoce que este acuerdo es, como todos los que suscribe el FMI, malo, se consuela con que es el “menos malo posible”, fundado en el hecho que no contiene las tradicionales exigencias de reformas estructurales como la de flexibilización laboral y previsional. A nuestro juicio es un optimismo sin perspectivas. Como por sus restricciones este incumplible acuerdo obligará en algún momento a su renegociación, no debería sorprender que tales exigencias reaparezcan. Son reformas que elípticamente ya están mencionadas – mecanismos modernos se dice – en el acuerdo suscripto.
Para completar el escenario recordamos que a partir de 2024 se inicia el período de 10 años a lo largo de los cuales está estipulado habría que cancelar el capital de la deuda, vencimientos a los cuales habrá que sumar los derivados de la reestructuración de la deuda con los acreedores privados, los que durante varios años se superpondrán a los del Fondo, exigiendo en conjunto unos u$S 20.000 millones anuales.
Conclusión: de la aplicación total e irrestricta del acuerdo con el FMI, el previsible resultado será el deterioro de la calidad de vida de las mayorías, la reformulación negativa del mercado interno y de la estructura productiva y la degradación de derechos de los ciudadanos. El capital concentrado acrecentará su control sobre las industrias básicas, las finanzas y el comercio exterior. Se potenciará el conflicto social.
En otro orden, este crédito, por su volumen y condicionamientos, por la velocidad e irregularidad con el que fue concedido y desembolsado, no sólo sirvió para financiar el repago del capital especulativo ingresado durante el macrismo y facilitar su reelección. En lo esencial apuntó a un objetivo estratégico, estructural y geopolítico: asegurar que en el tiempo se consolide la subordinación de la Argentina al dominio del capital financiero mundial, obligarla al endeudamiento permanente y además, por esa dependencia, se le impongan restricciones para abrochar acuerdos tecnológicos y de inversión con China y Rusia, adversarios de EE.UU, el mandamás del FMI, en su disputa por la hegemonía.
Por otra parte también se prevé como fuentes adicionales de recursos los préstamos de otros organismos multilaterales como el BID, la Corporación Andina de Fomento, el BIRF y la renegociación con el Club de París, algunos subordinados a la suscripción y cumplimiento del acuerdo con el FMI.
La orientación exportadora
La segunda decisión oficial se asienta en un programa de atracción de capitales tendiente al desarrollo productivo de bienes exportables.
Se trata del otorgamiento de ventajas de orden tributario con el objeto de desarrollar o ampliar actividades orientadas a generar divisas por parte de actividades que hoy gozan de ventajas comparativas, que son esencialmente extractivas, productoras de bienes primarios, algunos con algún grado de industrialización, en algunos casos ligada a esos mismos sectores. Son favorecidas actividades como las agropecuarias, agroindustriales, hidrocarburíferas (gas y petróleo) y mineras (litio, cobre, minerales raros de la Puna). También integran el proyecto la rama automotriz, la de maquinaria y equipos y los servicios del conocimiento, pero lo fundamental está en la producción primaria. Todo en consonancia con los objetivos subyacentes en los créditos del BID y el Banco Mundial y obviamente con el del FMI, inclinados a profundizar la explotación de los recursos naturales y su concentración en poder del capital extranjero.
Así por ejemplo se le aseguró al Consejo Agroindustrial Argentino mantener por 5 años la actual estructura de retenciones a la exportación del sector agropecuario y declaró industria estratégica al sector automotriz, con lo cual las terminales y autopartistas dejarán de tributar en adelante derechos de exportación.
Por eso se encara con urgencia la construcción del oleoducto entre Vaca Muerta y el puerto Punta Colorada de Sierra Grande y el gasoducto Néstor Kirchner, en el que a partir de cierto punto habrá
un empalme para abastecer a Brasil.
Es una política que contradice el sendero tradicional de la economía argentina para la cual el mercado interno fue y es responsable del 70/80% del PBI. Apunta a un modelo de país que subordina el desarrollo del mercado interno al crecimiento de las exportaciones bajo el supuesto adicional de que los nuevos polos de producción tendrán un gran efecto multiplicador hacia el interior del sistema.
Es una estrategia que omite el peso y las implicancias de la deuda externa, que ignora los efectos de la concentración y extranjerización de la economía y además que está subordinada al negocio financiero, determinantes del estancamiento del desarrollo industrial y la fuga al exterior de capitales. Es una supina ingenuidad suponer que en base a esta orientación será significativa la generación de nuevos puestos del trabajo y la integración productiva interna. Por el contrario, el resultado será el de una economía integrada al mundo pero más dependiente en lo económico, tecnológico y financiero del exterior y con una marginalidad creciente de amplios sectores de la población.
La urgencia por las divisas es indesmentible, pero los caminos son otros. Poner urgentemente en marcha las medidas que reviertan las falencias del presente, responsables de la evasión y fuga, que ya hemos citado y el impulso al desarrollo de una industria sustitutiva de importaciones, de base tecnológica moderna, que genere riqueza, empleo y ahorre dólares. Es un proceso que requiere tiempo, pero fundamentalmente exige convicción, voluntad política y la movilización organizada del campo popular. A no equivocarse. Enfrente está la oposición, local y mundial.
*Isaac Grober, Contador Público y Magister en Economía, miembro del Consejo Editorial de Tesis 11
1).Ya en 2012 las 1000 empresas más grandes facturaban el 76 % del PBI y de las 500 de mayor dimensión, 321 tenían participación de capital extranjero. Más del 80% de las utilidades de las firmas más grandes eran apropiadas por las multinacionales aquí radicadas. (ENGHE – Encuesta de Grandes Empresas). En lo agropecuario, ocho grandes empresas, cinco de ellas multinacionales, concentran el 70 % de los volúmenes exportados, principalmente soja, trigo y maíz. Cargill, (USA), además de ser responsable del 15 al 20 % del total exportado, es titular de plantas de molienda productoras de aceite, de molinos harineros de trigo, de plantas procesadoras de cebada, de frigoríficos, una planta de fertilizantes y una comercializadora de semillas asociada a Monsanto. Para proveerse de granos y cereales que adquiere a productores, cuenta con más de 4 docenas de acopiadoras, más otras tantas que sin pertenecer a Cargill, trabajan en exclusividad para ella. Además cuenta con 5 puertos propios para despachar sus cargamentos al exterior pero a los que no tiene acceso ninguna autoridad nacional ni están sujetos a control. Ver también caso Vicentin, ahora en concurso de acreedores, acusada por estafas, ejemplo de empresa fugadora de capitales que utilizó para constituir empresas fantasmas en el exterior y así ocultar utilidades.
(2)Acorde al Censo Nacional Agropecuario de 2018, se redujo en un 23 % el número de explotaciones respecto al del 2002, proceso que se viene dando desde el Censo de 1988, Es un proceso que se da en todas las provincias y afecta en particular a las explotaciones más pequeñas. En 2013 el relevamiento catastral y dominial efectuado por el Registro de Tierras determino que el total de tierras en manos extranjeras era de ha.15.8 millones, equivalente al 5.93% del suelo nacional. De ellas, ha.1.1 millones estaban a nombre de empresas radicadas en paraísos fiscales.
(3) La limitación impuesta a la emisión y la imposibilidad factual de recurrir al mercado internacional de capitales, obliga al endeudamiento interno, para lo cual el Bco. Central y el Tesoro emiten títulos de deuda (LELIQs) en pesos que bancos de plaza toman a tasas efectivas anuales que ahora superan el 105% o ajustados por el tipo de cambio. Estos son fondos provenientes de los depositantes por su operatoria normal e implica una fenomenal ganancia que concentra el sector financiero. También son adquirentes de tales títulos sujetos extrabancarios con exceso de liquidez, como por ejemplo los exportadores que reciben pesos por los dólares cobrados por sus ventas al exterior. Es un mecanismo que el Banco Central también utiliza para absorber la liquidez de plaza .Como a su vencimiento, ni el Tesoro ni el Bco. Central cuentan con fondos suficientes como para rescatar los títulos en su totalidad, se refinancian emitiendo otros nuevos, Así se está generando una bola de nieve que en algún momento puede estallar.
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